viernes, 24 de octubre de 2014
lunes, 1 de septiembre de 2014
Organizaciones de Xochimilco crean un frente contra el despojo y la privatización de sus tierras
Demandan respeto al derecho a consultar cualquier medida que dañe a la comunidad
Con el propósito de evitar el despojo y privatización de la tierra y los recursos naturales, así como elaborar un plan de acción común para hacer frente a los abusos en materia de desarrollo urbano, representantes de diversas asociaciones formaron la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.
En la casa de la cultura del pueblo de San Pedro Mártir, demandaron en un pronunciamiento que se respete el derecho a la consulta previa a cualquier medida legislativa o administrativa susceptible de afectarlos, como la creación de zonas de desarrollo económico y social (Zodes), la instalación de parquímetros o la modificación del programa delegacional que favorezcan el cambio de uso de suelo para la construcción de tiendas de conveniencia o super.
De esta manera, precisaron, por medio de la coordinadora se busca participar en la discusión de las leyes de carácter local o nacional que afecten a las comunidades, como la de cementerios, aguas y sustentabilidad hídrica, de desarrollo urbano y energética, entre otras, por lo cual en breve tiempo elegirán a sus autoridades de acuerdo con sus propias normas.
Además, considerarán las formas de organización autónoma que se tienen, de acuerdo con el artículo 2º constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que desconocemos a los coordinadores territoriales en nuestra delegación y hacemos un llamado a los pueblos y barrios originarios del DF a hacer lo propio, señalaron.
Asimismo externaron su solidaridad con las distintas luchas que se llevan a cabo en la ciudad y en todo el país por la defensa del territorio y los recursos naturales.
Entre los integrantes de la coordinadora están la Asamblea Autónoma de Santa Cruz Acalpixca, Círculo de Estudios Xochimilco, el Comité San Lucas Xochimanca, el Consejo del Pueblo de Santa Cruz Xochitepec, Frente Autónomo Xochimilco, Representación de Bienes Comunales de Santiago Tepalcatlalpan, y miembros de los pueblos y barrios 18, San Pedro, Xaltocan, San Mateo Xalpa, San Bartolomé Xicomulco, San Isidro Villa y Caltongo.
Fuente: La Jornada
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Con el propósito de evitar el despojo y privatización de la tierra y los recursos naturales, así como elaborar un plan de acción común para hacer frente a los abusos en materia de desarrollo urbano, representantes de diversas asociaciones formaron la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.
En la casa de la cultura del pueblo de San Pedro Mártir, demandaron en un pronunciamiento que se respete el derecho a la consulta previa a cualquier medida legislativa o administrativa susceptible de afectarlos, como la creación de zonas de desarrollo económico y social (Zodes), la instalación de parquímetros o la modificación del programa delegacional que favorezcan el cambio de uso de suelo para la construcción de tiendas de conveniencia o super.
De esta manera, precisaron, por medio de la coordinadora se busca participar en la discusión de las leyes de carácter local o nacional que afecten a las comunidades, como la de cementerios, aguas y sustentabilidad hídrica, de desarrollo urbano y energética, entre otras, por lo cual en breve tiempo elegirán a sus autoridades de acuerdo con sus propias normas.
Además, considerarán las formas de organización autónoma que se tienen, de acuerdo con el artículo 2º constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que desconocemos a los coordinadores territoriales en nuestra delegación y hacemos un llamado a los pueblos y barrios originarios del DF a hacer lo propio, señalaron.
Asimismo externaron su solidaridad con las distintas luchas que se llevan a cabo en la ciudad y en todo el país por la defensa del territorio y los recursos naturales.
Entre los integrantes de la coordinadora están la Asamblea Autónoma de Santa Cruz Acalpixca, Círculo de Estudios Xochimilco, el Comité San Lucas Xochimanca, el Consejo del Pueblo de Santa Cruz Xochitepec, Frente Autónomo Xochimilco, Representación de Bienes Comunales de Santiago Tepalcatlalpan, y miembros de los pueblos y barrios 18, San Pedro, Xaltocan, San Mateo Xalpa, San Bartolomé Xicomulco, San Isidro Villa y Caltongo.
Fuente: La Jornada
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Debe Mexicana $10 mil 300 millones en salarios y prestaciones: síndico
Adeuda además 3 mil millones a proveedores y por servicios
El síndico del caso Mexicana de Aviación, designado por un juzgado federal tras declarar en quiebra a Mexicana y a sus filiales Click y Link, presentó sus balances financieros finales, en los que destaca que la aerolínea debe 10 mil 300 millones de pesos por salarios y otras prestaciones laborales, que se acumularon después de que las empresas cesaron operaciones, en agosto de 2010, y entraron en concurso mercantil, que concluyó con la declaración de su quiebra.
El documento que el síndico Alfonso Ascencio Triujeque entregó a la juez federal Edith Alarcón –al que tuvo acceso La Jornada– refiere que a la anterior cifra se anexan las deudas con proveedores, aeropuertos, arrendadoras de aviones, clientes y el gobierno federal, lo que eleva la deuda a 3 mil 82 millones de udis o 13 mil 653 millones de pesos.
Los activos de Mexicana y las filiales Click y Link ascienden a mil 742 millones de pesos, de los que sólo 85 millones de pesos están libres de gravámenes o restricciones y pueden ser utilizados libremente para pagar a acreedores, mientras el total de la deuda es de 3 mil 82 millones de udis, refiere el documento de balances financieros de Mexicana.
A decir de fuentes del Poder Judicial federal, el pasivo laboral de la aerolínea continuó aumentando debido a que José Gerardo Badín, conciliador del concurso y al mismo tiempo administrador de Mexicana, no dio de baja a los más de 7 mil trabajadores.
De esta forma, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nunca pudo dar oficialmente por terminadas las relaciones laborales, no obstante que la Ley Federal del Trabajo señala que el concurso o quiebra legalmente declarados son causa para dicha terminación, cuando se da la reducción definitiva de la actividad de una empresa.
Las fuentes consultadas explicaron que es muy difícil que la juez Alarcón autorice hacer efectiva la deuda laboral posterior a la sentencia de concurso mercantil, dictada en septiembre de 2010, pues se afectaría severamente el pago al que aspiran el resto de los acreedores.
Mexicana está a espera de que un tribunal colegiado de circuito confirme su estatus jurídico de empresa en quiebra.
Fuente: La Jornada
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El síndico del caso Mexicana de Aviación, designado por un juzgado federal tras declarar en quiebra a Mexicana y a sus filiales Click y Link, presentó sus balances financieros finales, en los que destaca que la aerolínea debe 10 mil 300 millones de pesos por salarios y otras prestaciones laborales, que se acumularon después de que las empresas cesaron operaciones, en agosto de 2010, y entraron en concurso mercantil, que concluyó con la declaración de su quiebra.
El documento que el síndico Alfonso Ascencio Triujeque entregó a la juez federal Edith Alarcón –al que tuvo acceso La Jornada– refiere que a la anterior cifra se anexan las deudas con proveedores, aeropuertos, arrendadoras de aviones, clientes y el gobierno federal, lo que eleva la deuda a 3 mil 82 millones de udis o 13 mil 653 millones de pesos.
Los activos de Mexicana y las filiales Click y Link ascienden a mil 742 millones de pesos, de los que sólo 85 millones de pesos están libres de gravámenes o restricciones y pueden ser utilizados libremente para pagar a acreedores, mientras el total de la deuda es de 3 mil 82 millones de udis, refiere el documento de balances financieros de Mexicana.
A decir de fuentes del Poder Judicial federal, el pasivo laboral de la aerolínea continuó aumentando debido a que José Gerardo Badín, conciliador del concurso y al mismo tiempo administrador de Mexicana, no dio de baja a los más de 7 mil trabajadores.
De esta forma, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nunca pudo dar oficialmente por terminadas las relaciones laborales, no obstante que la Ley Federal del Trabajo señala que el concurso o quiebra legalmente declarados son causa para dicha terminación, cuando se da la reducción definitiva de la actividad de una empresa.
Las fuentes consultadas explicaron que es muy difícil que la juez Alarcón autorice hacer efectiva la deuda laboral posterior a la sentencia de concurso mercantil, dictada en septiembre de 2010, pues se afectaría severamente el pago al que aspiran el resto de los acreedores.
Mexicana está a espera de que un tribunal colegiado de circuito confirme su estatus jurídico de empresa en quiebra.
Fuente: La Jornada
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México, único país de AL en el que creció la jornada laboral
En México, a diferencia de las cinco economías más importantes de América Latina, la jornada laboral se ha incrementado en vez de reducirse como se ha registrado en las dos décadas anteriores, advierte un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Entre 1996 y 2009 México presentó un crecimiento de casi tres horas o 6.3 por ciento de la jornada laboral, al pasar de 40.7 a 43.3 horas semanales en promedio, probablemente debido a la modernización de las legislaciones, indica el organismo en una investigación sobre la productividad en el trabajo. En contraste, en Argentina la jornada de trabajo se redujo de 47.2 a 42.3 horas por semana y en Chile de 45.1 a 40.3 horas.
En otro comparativo, la Cepal desglosa que entre 1995 y 2008 el promedio anual de horas laboradas por cada trabajador de Chile disminuyó 243 horas o 10.3 por ciento, en Argentina 134 horas o 5.6 por ciento, en Brasil 140 horas o 6.3 por ciento, y en Colombia 92 horas o 3.8 por ciento. También destaca que México tuvo el menor porcentaje de pago al factor trabajo en el periodo, ya que sólo representó 30 por ciento respecto al valor agregado de la producción.
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Entre 1996 y 2009 México presentó un crecimiento de casi tres horas o 6.3 por ciento de la jornada laboral, al pasar de 40.7 a 43.3 horas semanales en promedio, probablemente debido a la modernización de las legislaciones, indica el organismo en una investigación sobre la productividad en el trabajo. En contraste, en Argentina la jornada de trabajo se redujo de 47.2 a 42.3 horas por semana y en Chile de 45.1 a 40.3 horas.
En otro comparativo, la Cepal desglosa que entre 1995 y 2008 el promedio anual de horas laboradas por cada trabajador de Chile disminuyó 243 horas o 10.3 por ciento, en Argentina 134 horas o 5.6 por ciento, en Brasil 140 horas o 6.3 por ciento, y en Colombia 92 horas o 3.8 por ciento. También destaca que México tuvo el menor porcentaje de pago al factor trabajo en el periodo, ya que sólo representó 30 por ciento respecto al valor agregado de la producción.
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Rehenes de la delincuencia
Asaltos en transportes y robos a casas, "el pan de cada día"
Son las 10 de la noche; el camión que acaba de salir del paradero de Pantitlán va atestado de oficinistas, obreros, estudiantes y trabajadoras domésticas, cuyos rostros muestran el cansancio de un largo día de labores, pero también cierta tensión por los asaltos constantes. El vehículo se dirige a Pescadores, Las Torres y Santa Elena, municipio de Chimalhuacán, estado de México. En el trayecto dos adolescentes y una mujer se suman al pasaje, silenciosos.
“Cuando íbamos por avenida Bordo de Xochiaca, las tres personas se levantaron de sus lugares, sacaron cuchillos y una pistola. Uno de los ladrones de inmediato apuntó con su arma al chofer, mientras los cómplices gritaban groserías para intimidar a los pasajeros y que sacaran carteras, bolsas y celulares. Quien no hiciera caso a sus indicaciones, advertían, ‘¡se lo carga la chingada!’”
De repente se escucha un grito ensordecedor. Uno de los pasajeros, de aproximadamente 30 años y que se había resistido al robo, recibe una cuchillada en un muslo, que comienza a sangrar en abundancia.
Todo sucede en menos de 10 minutos, aunque para los pasajeros parece una eternidad. “Yo corrí, digamos, con suerte. Cuando se acercó uno de los rateros para quitarme mis pertenencias, ya las tenía en la mano, pero las rechazó. No entendí por qué, sino hasta que me dijo: ‘esa chingadera ya no se vende, mejor dame dinero’. Se refería a mi celular BlackBerry ya descontinuado. Saqué del pantalón la cartera y le di los únicos 200 pesos que traía”.
Los asaltantes se bajan del camión algunas cuadras adelante y se pierden por las calles oscuras, mientras que al pasajero herido lo atiende personal de una ambulancia, luego de que el chofer llama a una patrulla que circula por la zona.
Este es el testimonio de una de las víctimas de los muchos asaltos que se cometen a diario en municipios del estado de México y a los que están expuestos miles de ciudadanos que por las mañanas se trasladan a realizar actividades al Distrito Federal y regresan por las noches.
Es 18 de mayo. Alberto Rivera camina por las calles de la colonia San Agustín, Ecatepec, cuando dos sujetos lo amenazan con una pistola. Le roban su celular, cartera y un instrumento musical.
“La frase que me quedó muy grabada es que uno le decía al otro: ‘suéltale un plomazo’, a pesar de que no me resistí al asalto. Utilizaron constantemente esa frase para intimidarme”.
A diario la capital del país recibe 2.2 millones de personas de 40 municipios conurbados del estado de México, que trabajan, estudian o realizan algún trámite, según un estudio que la Secretaría de Gobierno capitalina entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2011.
La mayoría de esas personas viven en ciudades dormitorio, algunas carecen de servicios educativos, de salud, agua, luz y oportunidades laborales, lo que implica que sus habitantes tengan que desplazarse.
Son las 10 de la noche; el camión que acaba de salir del paradero de Pantitlán va atestado de oficinistas, obreros, estudiantes y trabajadoras domésticas, cuyos rostros muestran el cansancio de un largo día de labores, pero también cierta tensión por los asaltos constantes. El vehículo se dirige a Pescadores, Las Torres y Santa Elena, municipio de Chimalhuacán, estado de México. En el trayecto dos adolescentes y una mujer se suman al pasaje, silenciosos.
“Cuando íbamos por avenida Bordo de Xochiaca, las tres personas se levantaron de sus lugares, sacaron cuchillos y una pistola. Uno de los ladrones de inmediato apuntó con su arma al chofer, mientras los cómplices gritaban groserías para intimidar a los pasajeros y que sacaran carteras, bolsas y celulares. Quien no hiciera caso a sus indicaciones, advertían, ‘¡se lo carga la chingada!’”
De repente se escucha un grito ensordecedor. Uno de los pasajeros, de aproximadamente 30 años y que se había resistido al robo, recibe una cuchillada en un muslo, que comienza a sangrar en abundancia.
Todo sucede en menos de 10 minutos, aunque para los pasajeros parece una eternidad. “Yo corrí, digamos, con suerte. Cuando se acercó uno de los rateros para quitarme mis pertenencias, ya las tenía en la mano, pero las rechazó. No entendí por qué, sino hasta que me dijo: ‘esa chingadera ya no se vende, mejor dame dinero’. Se refería a mi celular BlackBerry ya descontinuado. Saqué del pantalón la cartera y le di los únicos 200 pesos que traía”.
Los asaltantes se bajan del camión algunas cuadras adelante y se pierden por las calles oscuras, mientras que al pasajero herido lo atiende personal de una ambulancia, luego de que el chofer llama a una patrulla que circula por la zona.
Este es el testimonio de una de las víctimas de los muchos asaltos que se cometen a diario en municipios del estado de México y a los que están expuestos miles de ciudadanos que por las mañanas se trasladan a realizar actividades al Distrito Federal y regresan por las noches.
Es 18 de mayo. Alberto Rivera camina por las calles de la colonia San Agustín, Ecatepec, cuando dos sujetos lo amenazan con una pistola. Le roban su celular, cartera y un instrumento musical.
“La frase que me quedó muy grabada es que uno le decía al otro: ‘suéltale un plomazo’, a pesar de que no me resistí al asalto. Utilizaron constantemente esa frase para intimidarme”.
A diario la capital del país recibe 2.2 millones de personas de 40 municipios conurbados del estado de México, que trabajan, estudian o realizan algún trámite, según un estudio que la Secretaría de Gobierno capitalina entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2011.
La mayoría de esas personas viven en ciudades dormitorio, algunas carecen de servicios educativos, de salud, agua, luz y oportunidades laborales, lo que implica que sus habitantes tengan que desplazarse.
viernes, 29 de agosto de 2014
Diputado: fallo contra la CFE no es solución
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica que de manera arbitraria aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es una solución a los miles de afectados en el Distrito Federal, aseguró el diputado local perredista Alejandro Ojeda.
La Corte mandó a los ciudadanos a iniciar juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que sólo conoce de asuntos fiscales, los cuales pueden tardar hasta tres años, explicó el legislador.
Las confusiones no son sanas, dijo, porque la Suprema Corte nunca se pronunció en favor de que los abonados de la CFE se amparen, sino que únicamente determinó que contra los avisos-recibo procede el juicio de nulidad ante el TFJFA. Pero este procedimiento no es un amparo, es un juicio de legalidad.
Según el perredista, la Corte determinó que contra los actos de la CFE procede el recurso de revisión o el juicio de nulidad previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del TFJFA.
Respecto de los juicios de nulidad, indicó, una vez que se dé sentencia existe la posibilidad de apelar y, en su caso, procede el juicio de amparo, pero hasta el final. Estamos en un escenario de, en promedio, hasta tres años para que el usuario obtenga justicia.
El asambleísta añadió que la Suprema Corte resolvió que el aviso-recibo es un acto de naturaleza administrativa, lo que quiere decir que se le considera un acto similar a los CRÉDITOS fiscales o multas.
Recordó que él ha defendido la postura de que la energía eléctrica es un derecho humano, “en consecuencia, el recibo de la CFE es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; esto es, acudir directamente ante un juez de amparo para que proteja al usuario.
El criterio emitido por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con la Comisión Federal de Electricidad es reduccionista, desprotege los derechos humanos y envía a los ciudadanos a un largo camino legal que deberán llevar antes de obtener justicia.
Añadió que en breve buscará el procedimiento de sustitución de jurisprudencia para que el aviso-recibo de la CFE sea verdaderamente impugnable mediante un juicio de amparo.
Fuente: La Jornada
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La Corte mandó a los ciudadanos a iniciar juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que sólo conoce de asuntos fiscales, los cuales pueden tardar hasta tres años, explicó el legislador.
Las confusiones no son sanas, dijo, porque la Suprema Corte nunca se pronunció en favor de que los abonados de la CFE se amparen, sino que únicamente determinó que contra los avisos-recibo procede el juicio de nulidad ante el TFJFA. Pero este procedimiento no es un amparo, es un juicio de legalidad.
Según el perredista, la Corte determinó que contra los actos de la CFE procede el recurso de revisión o el juicio de nulidad previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del TFJFA.
Respecto de los juicios de nulidad, indicó, una vez que se dé sentencia existe la posibilidad de apelar y, en su caso, procede el juicio de amparo, pero hasta el final. Estamos en un escenario de, en promedio, hasta tres años para que el usuario obtenga justicia.
El asambleísta añadió que la Suprema Corte resolvió que el aviso-recibo es un acto de naturaleza administrativa, lo que quiere decir que se le considera un acto similar a los CRÉDITOS fiscales o multas.
Recordó que él ha defendido la postura de que la energía eléctrica es un derecho humano, “en consecuencia, el recibo de la CFE es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; esto es, acudir directamente ante un juez de amparo para que proteja al usuario.
El criterio emitido por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con la Comisión Federal de Electricidad es reduccionista, desprotege los derechos humanos y envía a los ciudadanos a un largo camino legal que deberán llevar antes de obtener justicia.
Añadió que en breve buscará el procedimiento de sustitución de jurisprudencia para que el aviso-recibo de la CFE sea verdaderamente impugnable mediante un juicio de amparo.
Fuente: La Jornada
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