¿Quién responderá por los agravios panistas contra el SME?
Manuel Fuentes Muñiz 28/Nov/2012
Fueron descomunales y sin límite los recursos humanos, económicos y materiales que usó el gobierno de Felipe Calderón para imponer por la fuerza el cierre de Luz y Fuerza del Centro y justificar el despido de más de 46 mil trabajadores la noche del 10 de octubre de 2009.
Aparecieron desde el momento de la toma y en los días siguientes, anuncios pagados en radio, televisión y prensa escrita para justificar la arbitraria acción gubernamental; su argumento fue la denostación y el engaño en contra de los trabajadores.
El gobierno calderonista movilizó miles de policías y militares encubiertos, para tomar por la fuerza los centros de trabajo. A los trabajadores que laboraban esa noche los desalojó por la fuerza y los que ingresarían en las siguientes horas, para impedir su ingreso, cercó con vallas metálicas las instalaciones.
Se quiso demostrar la fuerza desproporcionada del gobierno a pesar que no atinaba a justificar “la extinción” en el centro del país de una función estratégica como es la energía eléctrica.
Se acusó sin base alguna a los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de corruptos y al mismo tiempo patrocinó sin éxito alguno a un grupo disidente para fomentar la división y confusión entre los trabajadores.
Aparecían en todos los medios de comunicación declaraciones de Felipe Calderón como salvador de la patria y Javier Lozano como su espantajo, justificando el cierre de esa empresa pública.
Empresas transnacionales ligadas a la generación eléctrica y sectores financieros aplaudían la medida “valiente” del gobierno de cerrar una empresa pública de generación eléctrica.
Como si fueran dueños del erario público los funcionarios panistas ofrecieron, según ellos, liquidaciones “superiores a la ley”. En los medios de comunicación invitaban a los trabajadores a aceptar sus indemnizaciones con la promesa de ser recontratados.
Difundieron en su momento fotografías de largas filas de trabajadores electricistas cabizbajos, confundidos al recibir su cheque. Sin embargo mientras pasaron los días, las filas de liquidados se fue reduciendo, mientras que la resistencia de más de 16 mil trabajadores se mantenía a pesar de la propaganda mediática en su contra a todas horas.
Los trabajadores liquidados pronto se dieron cuenta del engaño. Ni se les habían pagado su indemnización completa ni se les había cumplido con otorgarles un nuevo empleo.
Mientras tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) comenzó a recibir miles de demandas de trabajadores reclamando su reinstalación y de otros exigiendo la diferencia en el pago de sus liquidaciones; el buen ánimo gubernamental poco a poco empezó a desdibujarse.
Desde la Secretaría del Trabajo abogados de distintos despachos patronales recibieron la llamada de Javier Lozano para que auxiliaran al gobierno en los litigios que fueron creciendo día a día. Como apoyo la JFCA empezó a congelar los juicios para prolongarlos lo más posible.
Los primeros reportes que llegaron a la oficina del Secretario de Trabajo era que en efecto, las liquidaciones pagadas no contenían todas las prestaciones y tarde o temprano se tendrían que pagar millonarias cantidades como pago de diferencias en indemnizaciones. Ahora es problema del nuevo gobierno que viene afrontar el problema.
Ahora se sabe por una investigación de la periodista Mariana Otero que el gobierno erogó más mil 800 millones de pesos en la contratación de 88 prestadores de servicios externos para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los cuales se encargaron de realizar peritajes, mantenimiento de inmuebles, atención de asuntos jurídicos y hasta un Call Center de orientación.
Según la solicitud número 681200000411 presentada al IFAI por la periodista Otero, el total de gastos que se habían realizado hasta 2011 para llevar a cabo la extinción de la paraestatal ascendía a 52 mil millones de pesos, de los que mil 810 fueron para la contratación de empresas externas, 32 millones para el pago de notarios y 79 millones 813 mil pesos para cubrir los servicios de 19 despachos de abogados.
A pesar de las desmedidas sumas entregadas a los litigantes, el gobierno federal siguió dando tumbos al perder un amparo en el tribunal colegiado de circuito que otorgó el reconocimiento a favor de los miles de despedidos como patrón sustituto por la Comisión Federal de Electricidad, que ahora se encuentra en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los panistas viven sus últimas horas en la presidencia de la republica después de haber demostrado su incapacidad para gobernar; ahora aparecen, poco a poco las ilegalidades cometidas en un ejercicio de poder arbitrario. ¿Quién responderá por esas arbitrariedades y despilfarros cometidos en perjuicio de la Nación?
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