También lo responsabilizó por la política represiva de criminalización y judicialización de los conflictos sociales como mecanismos de ocultamiento y desarticulación de la protesta ambiental. Estas fueron algunas de las conclusiones del jurado, luego de escuchar acusaciones y testimonios que dieron cuenta de alrededor de 140 casos de devastación ambiental en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Baja California Norte, Durango y San Luis Potosí, donde ha habido una urbanización salvaje que involucra construcción de carreteras, de represas, explotación de la minería y del petróleo, generación de basura, y producción de agrotóxicos.
martes, 19 de noviembre de 2013
Condena el Tribunal de los Pueblos actitud permisiva del Estado mexicano
El Estado mexicano es responsable por su "actitud imprudente, permisiva u omisa" de los altos niveles de riesgo ambiental que han elevado los daños ecológicos irreparables, de difícil reparación y por la imposibilidad de prevenir catástrofes ambientales, advierte la resolución del Tribunal Permanente de los Pueblos sección México sobre la audiencia Devastación ambiental y derechos de los pueblos.
También lo responsabilizó por la política represiva de criminalización y judicialización de los conflictos sociales como mecanismos de ocultamiento y desarticulación de la protesta ambiental. Estas fueron algunas de las conclusiones del jurado, luego de escuchar acusaciones y testimonios que dieron cuenta de alrededor de 140 casos de devastación ambiental en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Baja California Norte, Durango y San Luis Potosí, donde ha habido una urbanización salvaje que involucra construcción de carreteras, de represas, explotación de la minería y del petróleo, generación de basura, y producción de agrotóxicos.
También lo responsabilizó por la política represiva de criminalización y judicialización de los conflictos sociales como mecanismos de ocultamiento y desarticulación de la protesta ambiental. Estas fueron algunas de las conclusiones del jurado, luego de escuchar acusaciones y testimonios que dieron cuenta de alrededor de 140 casos de devastación ambiental en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Baja California Norte, Durango y San Luis Potosí, donde ha habido una urbanización salvaje que involucra construcción de carreteras, de represas, explotación de la minería y del petróleo, generación de basura, y producción de agrotóxicos.
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