Los contratos de ocupación de tierras incluidos en la propuesta presidencial de ley de hidrocarburos, que contemplan la posibilidad de que se aplique la técnica de la fractura hidráulica (fracking) en terrenos destinados a la explotación de petróleo y de gas, serán inconstitucionales, afirmaron los abogados Antulio Ontiveros Laguna, Marco Antonio Martínez y Humbertus Pérez Espinosa.
Añadieron que si el Congreso aprueba esa ley y ésta se aplica, los propietarios de tierras ejidales y comunales quedarán legitimados para recurrir al juicio de garantías y, sin duda, cualquier juez deberá concederles el amparo y la protección de la justicia federal, por tratarse de contratos que violan la Carta Magna.
Los especialistas dijeron a La Jornada que el error del presidente Enrique Peña Nieto fue no haber presentado una iniciativa de reforma a la fracción séptima del artículo 27 constitucional, que interpretada en su sentido más amplio estipula que el Estado mexicano está obligado a proteger la propiedad ejidal, comunal y de asentamientos humanos, a fin de que se garantice que, bajo ningún pretexto o circunstancia contractual, esas tierras se vean afectadas hasta el grado de dejar de ser productivas.
Los contratos de ocupación son una expropiación simulada, que viola la fracción séptima del 27 constitucional, porque las empresas privadas van a ocupar un terreno comunal, y después de la extracción de hidrocarburos los ejidatarios van a recibir sus tierras deterioradas, dañadas y en total improductividad, sostuvo Humbertus Pérez, amplio conocedor de las leyes agrarias y asesor de diputados petistas y perredistas.
Agregó que cuando una empresa extranjera se retire de las tierras en que explotó hidrocarburos, éstas quedarán prácticamente inservibles de por vida, como sucedió en la zona de la Chontalpa, Tabasco, donde después de años de litigio contra Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal se ha negado a indemnizar a los ejidatarios por la afectación irreparable de sus terrenos.
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