Por más ocupados que estén en aprobar al vapor todas las reformas estructurales enviadas por el Ejecutivo Federal, los senadores y diputados no pueden ignorar la inconstitucional e irregular condición que guarda la prestación del servicio público eléctrico en el Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, como resultado de un ilegal comodato que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) otorgó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los bienes de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Estos son los hechos.
Mediante un operativo armado, que comenzó la noche del sábado 10 de octubre de 2009, que involucró a varios miles de miembros de la policía y el Ejército, el gobierno de Felipe Calderón comenzó el golpe contra el SME y su contrato colectivo de trabajo, para allanar el proceso de privatización eléctrica. Primero golpearon y después buscaron legalizarlo mediante el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado el domingo 11 de octubre de 2009; entró en vigor ese mismo día. Sin embargo, para eludir la obligación del patrón sustituto que irremediablemente correspondía a CFE, a los 00.25 minutos de ese mismo día el SAE entregó en comodato a CFE todos los bienes de LFC afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Ese primer comodato, en el cual ni siquiera se especificaron los bienes de LFC, fue ratificado el 10 de agosto de 2010 y se consideraron 15 plantas de generación hidroeléctrica; cuatro termoeléctricas, entre ellas la planta Jorge Luque, que se encuentra convertida en chatarra y 14 de generación distribuida; 260 líneas de transmisión de 400, 230, 115 y 85 KVA, cables de potencia de 230 y 85 KVA, con una extensión de más de 3 mil kilómetros; 229 subestaciones eléctricas de importancia estratégica para la región central del país; mil 189 kilómetros de líneas de distribución en donde se encuentra la codiciada fibra óptica y 593 inmuebles ubicados en el DF, Hidalgo, estado de México, Puebla y Morelos, además de un número no precisado de vehículos, equipos de transporte, mobiliario, materiales, subestaciones móviles, plantas de emergencia, bases de datos del sistema de facturación, comercialización, transmisión, control, distribución; todo ello sin precisar y sujeto al saqueo indiscriminado.
El valor de la propiedad de LFC, conforme a su último estado financiero de 2008, ascendió a 148 mil 984 millones de pesos; de los cuales a las plantas de generación correspondieron 13 mil 799 millones de pesos; a las subestaciones eléctricas 32 mil 165 millones; a líneas de transmisión 10 mil 025 millones; a redes de distribución 78 mil 975 millones, y a oficinas y servicios 14 mil 018 millones; pero si agregáramos las obras en proceso al momento del decreto de extinción de LFC la suma ascendería a 166 mil 871 millones de pesos. Lo curioso del caso, y que por supuesto amerita una rigurosa auditoría, consiste en que la Secretaría de Energía, en su libro blanco de octubre de 2012, sólo reconoce un valor patrimonial a LFC por 106 mil 950 millones. ¡¿Dónde quedaron los 59 mil 921 millones de pesos que faltan?!
No hay comentarios:
Publicar un comentario