Reformas como la nueva ley de telecomunicaciones obligan a la sociedad a crear mecanismos contra aquello que pone en riesgo sus derechos humanos, señalaron Sandra Salcedo y José Antonio Ibáñez, investigadores del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Uia).
Para Salcedo es preocupante la falta de seriedad de los legisladores en el análisis de esta norma, evidente en la poca profundidad que dedicaron al estudio de los temas que incluye y su relación con los derechos humanos, así como en los tiempos elegidos para su discusión en el pleno.
Al referirse a la geolocalización, la retención de datos o el bloqueo de contenidos, incluidos en las leyes reglamentarias, subrayó que es erróneo decir a la población que para proteger sus derechos será necesario violar otras garantías individuales.
Los mecanismos que ya se tienen para vigilancia deberían ser suficientes, de modo que las autoridades encargadas de investigar no necesitarían de más privilegios arbitrarios para ofrecer seguridad.
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