Noticias: Apoyan “ya basta” de Calderón

En una encuesta realizada por EL UNIVERSAL se indica que 63% está de acuerdo con el llamado de ¡Ya basta! a los criminales que hizo el presidente Felipe Calderon. Sin embargo, 62% opinan que el narco va ganando
Lunes 02 de mayo de 2011 María de la Luz González | El Universalluz.gonzalez@eluniversal.com.mx

A 52 meses de operación, la estrategia anticrimen del presidente Felipe Calderón es cada vez más cuestionada, pues, pese al amplio despliegue militar y policial y el cuantioso presupuesto destinado, la violencia se extiende por todo el país, con casi 35 mil muertos en poco más de cuatro años.
La Operación Conjunta Michoacán, anunciada por el gobierno federal el 11 de diciembre de 2006, con un despliegue inicial de 6 mil 700 elementos del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, se amplió en los meses siguientes a Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero.
El despliegue militar se incrementó a unos 45 mil elementos asignados de manera directa a la lucha anticrimen, se suman unos 10 mil policías federales, mientras el presupuesto de seguridad creció a 200 mil millones al año, de acuerdo con cifras de Hacienda.
Ese monto, que representa un incremento de 44% respecto del inicio de la actual administración, duplica el presupuesto de la Secretaría de Salud, que es de 105 mil millones de pesos para este año, y es casi seis veces mayor a los 35 mil 355 millones asignados a Oportunidades, el programa insignia de combate a la pobreza del gobierno federal.
La ofensiva anticrimen del presidente Calderón fue cuestionada casi desde su lanzamiento por organizaciones de derechos humanos, analistas e incluso por algunos partidos de oposición, por las constantes violaciones a las garantías fundamentales de la población civil por parte del Ejército y la PF.
Un reporte del gobierno federal difundido en enero indica que las muertes violentas en la actual administración suman 34 mil 612. De esa cifra, mil 236 son niños y adolescentes según un informe de la organización Ririki Intervención Social, difundido a fines de abril, con base en monitoreo propio.
Las críticas también han coincidido en que la ofensiva anticrimen expandió la violencia asociada al crimen organizado en prácticamente todo el país.
En los dos primeros años, el gobierno federal insistía en que la violencia estaba concentrada en Baja California, Chihuahua y Sinaloa. Sin embargo, a partir de 2008, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Nuevo León y Tamaulipas han sido escenario de violentos enfrentamientos, narcobloqueos, ataques a corporaciones de seguridad y manifestaciones de rechazo a la presencia de las fuerzas federales.
En agosto de 2010, el Presidente convocó por primera ocasión a los partidos políticos y a la sociedad civil a participar en “Diálogos por la seguridad”, en los que el mandatario defendió su ofensiva y advirtió que la violencia seguiría por al menos tres años más.
En los debates, analistas como Mauricio Merino, Héctor Aguilar Camín y Miguel Molina criticaron la falta de un diagnóstico previo al lanzamiento de la ofensiva anticrimen, la incapacidad del gobierno federal de comunicar logros y el incremento de la violencia.
Legisladores del PRI, PRD y PT y dirigentes han cuestionado la estrategia por considerar que no ha dado resultados positivos.